Por Fernando Iglesias - Periodista - Especial para Los Andes
Los kirchneristas, que llegaron al poder diciendo que tenían las manos limpias y se las llevaron manchadas de tinta verde y sangre ajena de tanto apilar muertos y contar dólares, parecen haber descubierto tardíamente lo terrible de la corrupción. Inesperadamente, increíblemente, no pasa un día sin que los militantes del “Se necesita plata para hacer política” y el “Cuando miro estas cajas, ¡éxtasis!” atosiguen los medios y fatiguen las redes exhibiendo su indignación.
La cosa comenzó en plena campaña, con el caso Niembro, y sólo se atenuó gracias a que el cuadro político más importante de los últimos veinte años puso como candidato a la Provincia de Buenos Aires al emblema nacional del narcotráfico y la violencia verbal estatal. Pero renació hoy, al calor del descontento por el aumento de tarifas y la continuidad agudizada de la inflación. Y sigue allí, creciendo, febrilmente alentada por las esperanzas kirchneristas de que el helicóptero remonte vuelo antes de que se abran las puertas de las celdas cuyo camino pasa por Comodoro Py.
Dado que ocultar el abismo de corrupción kirchnerista es cada día más imposible, la estrategia K se ha convertido en la de terminar en el mismo lodo, todos manoseados. El lema es el de Minguito Tinguitella: “Sé ‘gual”.
Ahora bien, ¿es posible que la estrategia del “Sé ‘gual” logre impacto más allá del núcleo de kirchneristas duros y puros? ¿Es posible que logre convencer a ese porcentaje de argentinos desencantados de la política que creen que todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor? Para saberlo, no sobra dar un vistazo a la Historia; territorio en el que “sé ‘gual” se dijo siempre “todos roban”.
¿Sé ‘gual? ¿Todos roban? ¿Ha sido así? Poner de un lado a los últimos presidentes peronistas Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y del otro a los últimos presidentes no peronistas, todos salidos del tronco radical, Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa, de quienes todo puede decirse menos que se enriquecieron en la función, basta para sacar una conclusión. Ignorar las evidentes diferencias, haciéndoles el juego a los partidarios del “Sé ‘gual” y el “Todos roban”, ha sido parte de la Leyenda peronista y el Relato kirchnerista que nos han traído hasta aquí.
Siguiendo el mismo método, pongamos ahora de un lado de la balanza las imputaciones más importantes que se le hacen al presidente de Cambiemos (la sociedad de Franco Macri en Panamá de la cual Mauricio Macri era director y la famosa cuenta que tenía en Estados Unidos y que un banco suizo mudó a Bahamas) y del otro a las escandalosas operaciones que en doce años llevaron a este país a convertirse en un modelo global de corrupción; la triste trayectoria que parte de los fondos de Santa Cruz fugados a Suiza (Néstor) y de la valija de Antonini Wilson y los crímenes por la efedrina (Cristina), pasa por miles de episodios de saqueo que han incluido todas y cada una de las operaciones del Estado y tenido sus puntos emblemáticos en la falsificación de medicamentos oncológicos y los vagones que debían reemplazar a los que colapsaron en Once, para no mencionar a Skanska ni a Ciccone, ni a Felisa Miceli ni a Boudou.
Quiero decir: esa vasta e interminable trayectoria imposible de enumerar en un solo artículo y que hoy termina en canchas de hockey nunca construidas, en 16.000 sillas de ruedas herrumbradas en un depósito del PAMI y en la estafa con el plan de cunitas populares.
Nadie de buena fe puede creer que el balance entre los delitos cometidos en doce años de poder K y las acusaciones contra el gobierno de Cambiemos puedan ser mínimamente equivalentes. Por otra parte, las propias denuncias kirchneristas exhiben el componente cuantitativo de la situación: los 18 millones de pesos que Macri declara radicados en el exterior son poco más de un millón de dólares, es decir: la sexta parte del valor de una sola estancia de Lázaro Báez y la quinta del dinero que su hijo contaba en La Rosadita cada fin de semana. O una duodécima parte del costo de los vagones oxidados que compró Jaime para reemplazar a los Toshiba de 1960 que chocaron en Once. O 444 veces menos que lo que Cristóbal López le cobró a los clientes de OIL y le debe a la AFIP. Aún más, los 110 millones que componen “la inmensa fortuna del jefe del gobierno de los CEO, el multimillonario Macri”, es 72 veces menor que los fondos que el Estado nacional le dio a Lázaro Báez para una obra pública que sólo a medias construyó.
¿Quiere esto decir que entre el gobierno de los Kirchner y Cambiemos “sé ‘gual”, pero más chico? De ninguna manera. Otro factor cualitativo, acaso el más importante, es el que menos parece preocupar a gran parte de los convencidos de que “sé ‘gual”: mientras que en el anterior gobierno los delitos son evidentes e innegables, aparecen cada día en las pantallas de TV en forma de dólares contados clandestinamente y una colección de automóviles, estancias y fastuosas propiedades allanadas, etc; del otro lado, no parece haber evidencia de delito.
Sí de irregularidades administrativas, acciones desprolijas o tendenciosidad en la atribución de pauta publicitaria; pero nada que pueda siquiera compararse con el saqueo sistemático de recursos públicos que el país sufrió en este cuarto de siglo de hegemonía peronista.
A ello se ha sumado el anuncio de la repatriación de los millones de Macri, desprolija cuando se la refiere al fideicomiso supuestamente ciego en donde se encuentran los bienes presidenciales pero una buena noticia que crea una cierta ejemplaridad. Y de la que se extrae una lección: lo que es legal para un privado (tener dinero propio en una cuenta declarada en el exterior) puede no ser legítimo para un presidente que pide colaboración y repatriaciones al sector privado. Lo señalo porque, en el mismo sentido, sería una óptima novedad que los funcionarios de Cambiemos que obtuvieron dividendos del dólar a futuro los devolvieran al Estado.
La responsable penal de la estafa de vender a diez lo que en el mercado valían quince fue la presidenta Cristina Kirchner, y ojalá pague en la cárcel por los 70.000 millones que ha costado el chiste a los argentinos. Pero la acción plenamente legal de adquirirlos es políticamente ilegítima por parte de quienes han asumido la carga de conducir al Estado. Si el Gobierno quiere acabar con el mote de “gobierno de los CEO” tiene aquí una inmejorable oportunidad.
Concluyo. Nada se agrega diciendo que todas las corrupciones son malas y deben ser perseguidas, vengan de quien vengan. Eso es cierto, pero es también una verdad que omite lo esencial: todas las enfermedades son enfermedades, pero no es lo mismo un cáncer que un resfrío. Por otra parte, la justa actitud de medir a todos con la misma vara es la mejor forma de descubrir que miden diferente.
De manera que no. No “Sé ‘gual”. La Argentina ha cambiado y se aproxima lentamente a la normalidad, que no implica la inexistencia absoluta de corrupción (circunstancia que no se da en ningún país del mundo) sino en hacer que la corrupción sea un acontecimiento excepcional perseguido por el Estado y las instituciones y no la regla promovida desde ellos, como sucedió durante estos doce años de ignominia que acaban de finalizar.
