La propuesta fue aprobada por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y ni bien se dio a conocer, no tardó en generar puntos de vista encontrados.
Es que ahora, lo que se busca es derogar y reemplazar a la ley nacional N° 23.592 (vigente desde 1988) que controla y sanciona los actos que incitan a la discriminación, con una normativa más actualizada.
La principal diferencia entre el proyecto que ha sido motivo de polémica y la actual ley, es que en el primero se incluyen en la lista de actitudes perniciosas, por ejemplo, a los comentarios que los usuarios puedan realizar en cualquier plataforma de internet.
Asimismo, insta a los medios de prensa, agencias de noticias, diarios on line y revistas electrónicas a que controlen los comentarios considerados discriminatorios y que publiquen advertencias sobre la existencia de la regulación. También pide incluir la publicación de un 0800 para que las personas que se sientan afectadas y/o perjudicadas con un determinado comentario tengan la posibilidad de denunciar el agravio.
En el capítulo cuarto, el proyecto que ahora pasará a la comisión de Legislación Penal para ser evaluado, se estipula que se eleven las penas para aquellas personas que han cometido un delito justificando su accionar bajo cualquier aspecto ligado a la discriminación en todas sus formas.
Se incluyen en este grupo “la falsa noción de raza o etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión política o gremial”, según dice textual el artículo N° 22 del proyecto y detalla otras formas de discriminación por sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, entre otros.
En ese sentido, el actual proyecto amplía las formas de discriminación que ocurren en el ámbito de la vida social que no están contempladas. En ese sentido, la diputada nacional (FPV) Diana Conti -una de las impulsoras del proyecto- destacó a Los Andes que ésta era una deuda pendiente con diversos sectores sociales que no se sentían incluidos en la legislación tendiente a erradicar la discriminación en el país.
La legisladora sostuvo que lejos de pretender atentar contra la libertad de expresión, la actual propuesta de ley busca extender la necesidad de generar conciencia en todos los planos de la vida social, incluyendo internet.
“De hecho, desde 1988 es un delito discriminar expresando odio hacia los semejantes fundándose en aspectos como la raza, el género o la ideología. Esto es algo que no se puede hacer desde hace décadas. Lo que se busca ahora es amparar a todos los grupos sociales”, expresó Conti.
La norma que se quiere implementar establece, al igual que la ley de 1988, la pena de prisión de una mes a tres años para quien por cualquier medio aliente o incite a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas.
Así, el artículo N° 23 también establece la cárcel para aquellos que formen parte de una organización “o realicen propaganda, basados en ideas o teorías de superioridad o inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación”. Se suman en la lista de infractores a la ley quienes en forma pública u oculta, financien o apoyen organizaciones o actividades que fomenten la discriminación.
El proyecto, además, establece que las personas o grupos de personas afectadas por un acto discriminatorio podrán denunciar ante una autoridad administrativa, policial o judicial. Por otro lado, se estipula la gratuidad de los procesos, en tanto que los demandados podrán ser desde el propio Estado hasta personas particulares.
Para Valeria Martínez, delegada en Mendoza del Instituto contra la Discriminación (Inadi), la ley necesitaba ser actualizada. “Como sociedad es positivo que se internalicen cambios que han ido surgiendo”, dijo y opinó que en el ámbito de internet se hace muy difícil intervenir debido a que existen muy pocas regulaciones al respecto.
Por su parte, Vanina Berghella, directora ejecutiva del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), puntualizó que desde la entidad aún no han pronunciado una postura oficial. Sin embargo, desde su punto de vista consideró que el proyecto dejaría a los medios de comunicación en un rol de contralor respecto de lo que es o no discriminación. “Estarían tomando una decisión que no les corresponde”, evaluó.
