El Ggobierno nacional rechazó hoy las críticas y denuncias de la oposición por el uso de la base de datos de la Anses para la comunicación oficial y recordó que el kirchnerismo hizo más de 40 convenios similares con gobiernos provinciales e incluso empresas privadas, al refrendar los beneficios de aplicar este sistema.
La voz gubernamental fue la del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien remarcó que lo dispuesto por el Ejecutivo "es absolutamente transparente y legal", a la vez que "es costumbre".
"Por ahí no tienen esa información (los convenios citados)", dijo Peña sobre los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) que lo denunciaron ayer en la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Subrayó que "por ahí estos diputados no saben que la Anses durante el gobierno anterior hizo más de 40 convenios de cesión de datos de contacto a gobiernos provinciales y empresas privadas como Banelco, por ejemplo".
En ese marco, el funcionario dijo también que le dan "tristeza" las críticas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acusó al gobierno nacional de crear un "Estado policial", y sostuvo en radio Mitre que siente un "enorme alivio al saber que no nos gobierna más una persona con ese nivel de distorsión de la realidad".
"No sé qué objetivo persigue (la ex mandataria), por qué esas contradicciones y mentiras, pero es un problema de ella. Nosotros estamos concentrados en gobernar", señaló Peña.
La salida pública del jefe de Gabinete se produjo casi a la par de que diputados nacionales del socialismo, encabezados por Alicia Ciciliani, y la legisladora del GEN, Margarita Stolbizer, presentaran un proyecto para derogar la resolución referida a los datos de la Anses.
Esta nueva iniciativa contempla la derogación de la resolución de la Jefatura de Gabinete y propone además modificar la ley 25.326 de datos personales para que la información "que permita localizar física o electrónicamente a su titular no pueda ser utilizada para un fin distinto al que motivara su obtención".
En los fundamentos, los diputados advirtieron que "esta manipulación de los datos identificatorios de casi todos los habitantes de la Nación resulta un hecho riesgoso y de muy difícil contralor por parte de la ciudadanía".
El jefe de Gabinete, en tanto, ratificó que entre la información de la Anses compartida "no hay datos sensibles o confidenciales sobre la seguridad social" y que "se busca mejorar la capacidad del Estado para mejorar la comunicación con los ciudadanos".
Por su parte, el diputado radical por Mendoza Luis Petri, presidente de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, calificó hoy de "infundadas" las denuncias opositoras en torno al uso de datos de la Anses y aclaró que "se trata de datos personales pero no sensibles".
Según Petri, "la necesidad de compartir datos está expresamente prevista en la ley de datos personales" y precisó que la Anses "no recoge ni registra ningún dato personal sensible" porque ese tipo de datos, dijo, "no pueden ser alojados en ninguna base de datos".
Los legisladores del socialismo, más Stolbizer, consideraron que "la comunicación de las políticas públicas -acto importante para cualquier gobierno- no puede basarse en romper la confianza que los habitantes hemos depositado en el Estado cuando le informamos la totalidad de nuestros datos personales".
El proyecto que objeta la decisión del gobierno lleva las firmas además del diputado y ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner y de Gabriela Troiano.
Los diputados afirmaron que el gobierno "debería prestar más atención a la forma de utilización de estos datos, no permitiendo que sean objeto de tratamiento para fines distintos a los que motivaran su colección".
"Los datos personales que permitan la localización física o electrónica de las personas no deben ser utilizados por otro organismo, sea público o privado, distinto al que los recolectara, salvo que medie un expreso consentimiento expresado posteriormente, por parte de su titular", agregaron en la presentación.
En la víspera, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, había advertido que la transferencia de datos de la Anses al Gobierno "ya se está consumando", por lo que consideró que la medida cautelar que presentó busca "interrumpir" el intercambio de información "por violatorio de la intimidad, por inconstitucional, y porque no fue consultado y tiene todo el rechazo del arco opositor".
En tanto, los trabajadores de la Anses señalaron su "preocupación" y rechazaron la decisión del gobierno nacional de compartir la base de datos de ese organismo con la Secretaría de Comunicación Pública, como determinó la Resolución 166 E/2016 publicada en el Boletín Oficial el lunes último.
Los empleados agrupados en el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que lidera Carlos Ortega, afirmaron ser "los principales garantes de la confidencialidad de los datos que los millones de ciudadanos ofrecen de buena fe al hacer un trámite".