La Oficina de Ética se expresó respecto de la ministra que ejerce también como directora de YPF: qué resolvió

La Oficina de Ética Pública de la provincia descartó incompatibilidades en el caso de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien ejerce a la vez como directora de las acciones Clase D (correspondientes a la Provincia) en la petrolera YPF.

“Tanto el despacho precedente de Ética Pública No 949/24 como los posteriores pronunciamientos de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado coinciden en no advertir en este estadio agresión alguna al orden normativo; entendiendo en forma pacífica que en el sub examen no se encontraría vulnerado el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”, dice el dictamen 976 firmado por el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Oficina de Ética, Sebastián Giordano; y confirmado por el auditor Gabriel Balsells Miró.

De todos modos, el organismo estima “prudente” que se tome una “medida preventiva”. Sugiere específicamente que se elabore un “protocolo guía de actuación conjunta entre el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el objeto de garantizar la máxima transparencia en los procedimientos administrativos y así evitar cuestionamientos y/o planteos nulificatorios”.

El dictamen de la Oficina de Ética Pública responde a la denuncia que había realizado hace un mes un grupo de legisladores y exlegisladores provinciales, entre quienes aparecían Jorge Difonso (La Unión Mendocina) y Lautaro Jimenez (FIT), entre otros.

En aquella presentación se solicitaba a la Oficina que determinara si Latorre cometía “incompatibilidad y conflicto de intereses” al ser ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF a la vez. También pedía que se investiguen “incumplimientos” de excusación por los cuales la funcionaria podría ser denunciada ante la Justicia Federal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Latorre se convirtió en la nueva directora titular por las acciones clase D de YPF SA a comienzos de febrero, por propuesta del gobernador Alfredo Cornejo.

En aquel momento el Gobierno aclaró que no existían incompatibilidades porque Latorre se excusaría de intervenir “en todos aquellos procesos, expedientes y piezas administrativas, tanto de Energía como de Ambiente, en los que estén en juego los intereses de la empresa”.

En esos casos, en su lugar, “el órgano que intervendrá en este tipo de procesos es el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, al mando de Natalio Mema”, se informó.

Inicialmente, Latorre había renunciado a cobrar el sueldo de ministra e iba a mantener los honorarios como directora de YPF, que son muy superiores. Pero a fines de abril, y luego de que la asamblea de accionistas aprobara un fuerte aumento para los integrantes del directorio de la petrolera, el Gobierno revirtió esta decisión.

Cornejo solicitó a la empresa que los fondos correspondientes al representante de acciones Clase D por Mendoza sean depositados en una cuenta del Estado Provincial que tendrá como afectación específica el “programa de fortalecimiento de fiscalización ambiental en industrias extractivas”.

Además se informó que Latorre percibirá su salario de ministra, que corresponde al 94% del sueldo del gobernador.

INFORMES

El Gobierno asegura que para despejar dudas sobre Latorre se hicieron un informe circunstanciado del ministerio, un dictamen legal de Asesoría de Gobierno, otro de Fiscalía de Estado y el dictamen final de Ética Pública, que “ratifica y comparte todos los anteriores”.

En cuanto al dictamen de la Oficina de Ética, este señala de entrada que “la temática propuesta por el denunciante resultaba de jurisdicción exclusiva de la Oficina Anticorrupción de la Nación” pero dice que de todas formas se ha realizado un “control de legalidad” respecto de un caso análogo ocurrido en 2016 sobre el que dictaminó la Fiscalía de Estado.

Por entonces no existía el área de Ética Pública y la Fiscalía de Estado tuvo que resolver respecto del reclamo de un particular contra el entonces ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, quien también había sido nombrado como director de YPF.

El planteo era el mismo que ahora: decía que el ministro no podía ser “juez y parte”. Y Fiscalía de Estado sugirió que ambos puestos eran “conciliables” siempre y cuando Vaquié se excusara de participar en “cualquier procedimiento” que estuviera directa o indirectamente involucrado a YPF.

La Oficina de Ética consignó también la existencia de “casos jerárquicos análogos en el ámbito y bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional” al de Latorre, como el del actual jefe de Gabinete de Ministros y Director Titular de YPF por acciones clase A desde diciembre de 2023, Nicolás Posse; el del secretario Ejecutivo de Gobierno (AdH) y Director Titular de YPF desde diciembre de 2023, José Rolandi y el del propio ministro del Interior de la Nación y Director Suplente en YPF desde diciembre de 2023, Guillermo Francos.

Hasta el propio gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aparece mencionado en los antecedentes. Dice el dictamen que aquellas designaciones armonizarían con la doctrina seguida por la Oficina Anticorrupción de la Nación en las resoluciones en las que juzgó que Kicillof no había incurrido en “conflicto de intereses” por el hecho de desempeñarse simultáneamente como “secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como representante de dicha cartera en la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y como Director de YPF SA en representación de las Acciones Clase A del Estado Nacional”.

“Tanto el despacho precedente de Ética Pública No 949/24 como los posteriores pronunciamientos de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado coinciden en no advertir en este estadio agresión alguna al orden normativo; entendiendo en forma pacífica que en el sub examen no se encontraría vulnerado el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”, resume el dictamen de Ética Pública en uno de sus principales tramos.

En las conclusiones, el fallo sugiere que tanto Latorre como quien lo remplazará en los casos vinculados a YPF, el ministro Mema, pongan en conocimiento del gobernador “cualquier actuación motivo de excusación” y que, de corresponder también, anoticien oportunamente al Fiscal de Estado.

Más adelante y cerca del remate, confirma el dictamen que “no se ausculta en este estadio incompatibilidad y/o conflicto de intereses” que afecte a Latorre y requiere la necesidad de que en un plazo breve se elabore el mencionado “protocolo de excusación” que regirá para Latorre y Mema “a fin de garantizar la máxima transparencia en los actos de gobierno”.

FISCALÍA DE ESTADO CONCUERDA

El dictamen de Fiscalía de Estado va en sintonía con lo anterior. La resolución emitida por la Dirección de Asuntos Administrativos dice que la situación de Latorre “no es contraria a la doctrina sentada por este órgano de control” en el caso de Vaquié “ni existe situación de incompatibilidad por la eventual producción de un conflicto de intereses al haberse excusado en general de participar en cuestiones donde YPF S.A. y habiendo sido sustituida por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para esos supuestos”.

Destaca además en este sentido que la funcionaria no recibirá “dos retribuciones de entidades públicas” y resalta además que, en caso de cumplirse el trámite ante YPF para que el pago correspondiente como directora de la petrolera vaya a una cuenta pública “la casuística sería idéntica a la tratada en dictamen N° 1.029/16″, o sea, el caso de Vaquié.